Tensión política por crisis en relación de hermanos Correa

El país atraviesa un momento de tensión política por el cruce de declaraciones entre el primer mandatario, Rafael Correa, su hermano Fabricio, miembros del Gobierno y de la Comisión Legislativa.

El escenario ha evolucionado desde el pasado 14 de junio, cuando diario  Expreso presentó información sobre los contratos suscritos entre el Estado y varias empresas del hermano mayor del Presidente.

El viernes pasado, Rafael Correa pidió que se busquen mecanismos para terminarlos unilateralmente, sin que ello represente millonarias demandas contra la nación.

Este hecho provocó cambios en el sistema de contratación pública. Además, ha involucrado a organismos de control, ministerios e incluso al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que realizará una veeduría.

Contratos de Fabricio pasaron a la cancha de entes subalternos
Los contratos suscritos con el Estado por empresas en las que tiene participación Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, provocaron cambios en el sistema de contratación pública estatal; involucraron además a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Comisión Legislativa, Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Compañías  y, ahora, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Incluso motivaron fricciones con otros países como Panamá.

Tras la revelación de la existencia de esos contratos, hace dos semanas por  parte de diario Expreso, el mandatario Rafael Correa señaló que se trataba de una “persecución” y deseo “de enlodar a mi familia”.  “Que nos digan en qué se ha perjudicado al Estado. Recién me entero que mi hermano es poco menos que Bill Gates (el hombre más rico del mundo). Si no me lo dicen, es basura, un show montado por ciertos medios de comunicación”, afirmaba el domingo 14, día en que se publicó el reportaje que señalaba que Fabricio era beneficiario de contratos por $ 52,8 millones, como él mismo lo reconoció luego a EL UNIVERSO, a través de empresas o consorcios dirigidos por él o en sociedad con terceros.

Dos de esas empresas estaban domiciliadas en Panamá: Engineering International Consultants Corporation (EICC) e International Energy Overseas Corporation (IEOC), que adquirieron acciones de empresas ecuatorianas que contrataron con el Estado y pertenecían a Fabricio. En el caso de Quality, una de las beneficiarias de contratos con Petroecuador, tenía como accionista, con un capital de $ 200 mil, a Cristina del Rocío Muñoz, quien admitió a este Diario que el dueño de esas acciones era Manuel Ochoa, socio de Fabricio Correa.

En los últimos cinco días, el Presidente y algunos de sus funcionarios fueron abriendo el camino para lo que sería la intervención televisada del pasado viernes, en la que Correa anunció: “He ordenado a las autoridades del Gobierno, en estricto apego al derecho, busquen la culminación unilateral de los contratos que, según las informaciones de prensa y nuestras propias investigaciones, tengan relación con mi hermano”.

El miércoles, desde Venezuela, él ya anticipó esa cadena televisiva y Alfredo Vera, secretario de Transparencia, anunció que se iban a terminar unilateralmente los contratos. Aquello coincidía con encuestas que daban cuenta de la baja en la aceptación del Presidente, por los contratos de su hermano. Como un antídoto, ese miércoles se anunciaba la reducción del costo de servicios bancarios.

Fabricio, en cambio, se reunía con asesores en el hotel Marriot; sus asesores citaban a una rueda de prensa que después se la suspendería. Igual el viernes, dijo que daría una noticia ‘bomba’ pero luego la aplazó por la cadena de su hermano Rafael.

Pero el anuncio presidencial del finiquito de los contratos tuvo la aclaración del Mandatario de que no estaba demostrado aún si hubo favoritismo en la adjudicación o que estos adolezcan de irregularidades o incumplimientos.

Por eso, anticipó: “De cometerse errores en la culminación unilateral de esos contratos se podrían presentar demandas millonarias contra el Estado”. Ayer reiteró su decisión de que los organismos de control finiquiten los convenios con las empresas de su hermano y dejó en claro: “Si podemos acabar esos contratos, los acabaremos”. En la alocución del viernes, Correa pidió a Julián Guamán, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que conforme una veeduría ciudadana, que velará –dijo– por la transparencia de nuestra decisión y evitar las especulaciones de siempre.

Pero, según el Régimen de Transición de la Constitución aprobada en Montecristi, el actual Consejo solo está facultado para reglamentar la conformación de las comisiones ciudadanas de selección y preparar su ley orgánica.

Correa ya había tomado otra decisión. El sábado 20 firmó un decreto ejecutivo que prohíbe que las entidades del Estado suscriban contratos con empresas cuyos socios no estén identificados y con aquellas que estén inscritas en países considerados por el SRI como paraísos fiscales, uno de ellos Panamá.

Veeduría
Julián Guamán, quien preside el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, dice que esta entidad sí puede conformar una veeduría para vigilar el proceso de terminación de los contratos que mantiene Fabricio Correa con el Estado. Esto, pese a que se trata de un organismo en régimen de transición con otras funciones.

PAIS
El secretario de Transparencia de Gestión, Alfredo Vera, inició el proceso para cumplir la decisión del presidente Rafael Correa, de dar por terminados los contratos que su hermano mantiene con el Estado.

TEXTUALES
“Esto no va a ser fácil porque no existirían ilegalidades y, de cometerse errores, podrían presentarse demandas millonarias”.
Rafael Correa, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

“(Él) Sabe que si me los terminan (los contratos), está arriesgándose el Estado a demandas millonarias”.
Fabricio Correa, HERMANO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

(Fuente: eluniverso.com)

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